Outsider

Así dice literalmente el Artículo 7 del DFL 4 “Ley General de Servicios Eléctricos”: “Las empresas operadoras o propietarias de los sistemas de transmisión nacional deberán estar constituidas como sociedades anónimas abiertas o cerradas sujetas a las obligaciones de información y publicidad a que se refiere el inciso séptimo del Artículo 2 de la Ley 18.046. Estas sociedades no podrán dedicarse, por sí, ni a través de personas naturales o jurídicas relacionadas, a actividades que comprendan en cualquier forma, el giro de generación o distribución de electricidad.”

Pues bien, en abril del año 2017 la empresa china State Power Investment Corporation (SPIC) compró el 100% de PACIFIC HYDRO, generadora; en marzo del año 2018 China Southern Power Grid (CSPG) compró el 27.79% de TRANSELEC, transmisora; en octubre del año 2019, State Grid International Development (SGID) compró el 100% de CHILQUINTA, distribuidora; en noviembre del año 2020, la misma State Grid International Development (SGID) acordó comprar el 96.04% de CGE, distribuidora. Todas estas compañías chinas dependen de un mismo dueño y controlador estatal, denominado State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, o SASAC.

A la luz del artículo de ley referido, las inversiones anteriores implementadas por el mismo dueño y controlador, el estado chino, son entonces incompatibles con éste. Tan sólo desde el punto de vista de la forma, la inversión en CHILQUINTA no se podría haber hecho ni tampoco ahora podría implementarse la propuesta de adquisición sobre CGE, a raíz de la inversión china preexistente en TRANSELEC. A su vez, la inversión en esta última tampoco debería haber ocurrido debido a la presencia del estado chino previa en el sector de generación. Todo mal hecho. Un país que se precia de serio, como el nuestro, al menos debería cumplir con las formas …  

El tema de fondo es mucho más complejo. Que sobre el 50% de los clientes eléctricos de Chile quede bajo la administración del estado chino no parece prudente, más allá de todas las regulaciones de libre competencia y aquellas específicas sobre el sector eléctrico. El problema esencial es muy claro: cualquier divergencia importante sobre las compañías envueltas entre estas empresas estatales chinas que responden a una sola línea central, aquella del partido comunista chino, y el estado de Chile, su institucionalidad, sus leyes y su aparato regulatorio y fiscalizador, puede pasar fácilmente a ser un problema de estado más que uno de naturaleza ordinaria en el curso normal de los negocios.

¿Y dónde se resuelven estas diferencias si China no se sujeta normalmente a la institucionalidad occidental a la que Chile sí pertenece e intenta respetar? Basta mirar el caso de Australia actual, que a raíz de una investigación por ésta solicitada sobre el origen del virus de la pandemia, gradualmente ha sido “castigada” por China con restricciones de importación sobre el vino, carbón, cebada y carne de origen australiano, escudada en sorpresivas “medidas antidumping”. Sin embargo, el hierro australiano, que representa el 60% de las importaciones de hierro chinas, no ha sufrido dichas discriminaciones. Ahí donde no tiene alternativa, la amenaza de China no es creíble. Con una producción sobre el 50% del acero del mundo, China no puede darse el lujo, por ahora, de extremar las medidas contra Australia. Y si eventualmente procediera a hacerlo, pagaría más por el hierro y sepultaría definitivamente su trabajada imagen de supuesto buen comportamiento en los mercados globales.  No nos olvidemos que el año 2009, la empresa estatal de aluminio CHINALCO intentó tomar el control de la australiana RIO TINTO, una de las mayores productoras de hierro del mundo. Antes que interviniera el “Foreign Investment Review Board” de Australiase desechó la operación por parte de RIO TINTO porque era incompatible con los intereses de largo plazo de la compañía y del país.

En el caso de Chile, el intercambio de bienes en el comercio exterior con China por US$ 39 billones en el año 2019 fue casi equivalente a la suma de aquel con Estados Unidos (US$ 23 billones) y la Unión Europea (US$ 18 billones) y representó un 28% del total nacional con el mundo de US$ 140 billones. Obviamente una cifra considerable, pero no por ello debemos cercenar nuestra soberanía e institucionalidad para adecuarse a las posibles exigencias de terceros países. Aunque sea obvio recordar, el comercio exterior es de mutua conveniencia. En el caso del cobre, en que China consume sobre el 50% del cobre fino mundial y refina más del 40% de los concentrados del mismo, una restricción discrecional sobre nuestras exportaciones provocaría un efecto distorsionador mundial que ciertamente no sería gratis para China, independientemente del daño de corto plazo a nuestro país. Son relaciones de mutua dependencia que a ambas partes afectan. El que casi un 30% del cobre de mina se origine en Chile es un antecedente que nos protege más que nos debilita, y el que sean grandes mineras internacionales privadas sus mayores operadores nos refuerza.

¿Dónde podría distorsionar China los mercados? En aquellos en que tiene alternativas creíbles. Ni el cobre chileno ni el hierro australiano caen bajo esa definición.

No nos equivoquemos. Si después de observar a los uighur en campos de reeducación, el incumplimiento del Tratado de Hong Kong con el Reino Unido, la controvertida ocupación militar de atolones en el mar del sur de China, la beligerancia con la vecina India, el uso de créditos sociales con que se vigila y controla a sus ciudadanos o su gravísimo silencio en los orígenes de la actual pandemia, seguimos creyendo que las empresas chinas – hubiesen sido estatales o “privadas” –  que invierten ahora en el sector eléctrico responden a nuestra institucionalidad occidental, estaremos profundamente equivocados.

China, bajo su actual institucionalidad de una sola línea bajo el partido comunista y con un capitalismo de estado ajeno al mundo occidental, lamentablemente no es de fiar. Podremos intercambiar bienes y servicios, en interés de ambas partes, pero nunca vamos a coincidir en nuestros intereses más permanentes como países soberanos.

La pandemia ha mostrado a la verdadera China. Lo otro sería pecar de inocencia con conocimiento de causa. Es por ello que no sólo en la forma, obviamente traspasada, sino que en el fondo, estas inversiones chinas en Chile no van en nuestro interés ni tampoco tienen un aire de inevitabilidad como se las quiere presentar. Ya hubo un traspié en la entrada de TIANQI en el litio; no sigamos agrandando el problema.  

Aún más, la idea sugerida recientemente por los senadores Harboe y Galilea de replicar el Committee on Foreign Investment (CFIUS) de Estados Unidos, que vela por el impacto en asuntos de seguridad nacional de inversiones foráneas en dicho país, debería hacerse realidad en el más corto plazo. Lo ocurrido en el caso en comento es una clara demostración de la importancia de tener mecanismos claros y expeditos en que se evalúen seriamente proposiciones y situaciones anormales como las aquí comentadas.

Si el día de mañana una empresa china quisiese comprar el yacimiento de La Escondida, por ejemplo, también la respuesta debería ser negativa. Se viene un escenario tremendamente positivo para el cobre, pero éste no puede terminar siendo rehén de los designios de una China bajo su actual forma.

Es China la diferente; no el mundo occidental del que somos parte. La prudencia nos obliga a anticiparse y ser claros.

Manuel Cruzat Valdés

2 de diciembre de 2020