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Ayer miércoles se dieron a conocer los primeros elementos de un acuerdo en la Comisión de Trabajo del Senado en torno a una eventual reforma previsional. Faltan antecedentes , pero un buen resumen de lo conocido hasta ahora sería “Impuestazo Laboral, Reparto y Desorden Fiscal”.

Lo anterior se vería reflejado en una mayor cotización de 8.5% del ingreso laboral – adicional al 11.5% actual, distribuido en 10% para capitalización individual y 1.5% para cubrir el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia -, en una redistribución de hombres a mujeres así como a pensionados vigentes – la definición de reparto – y finalmente, en un préstamo forzoso al estado de parte de los trabajadores cotizantes formales.

El siguiente cuadro de las finanzas del Gobierno General – Gobierno Central más Municipalidades – debería hablar por sí solo para entender algunos de los motivos de la propuesta: desorden fiscal sostenido desde el año 2014 en adelante.

En términos aproximados, el año 2024 el Gobierno Central estaría terminando con un déficit cercano a los US$ 10.000 millones, ingresos por US$ 70.000 millones y gastos por US$ 80.000 millones. En vez de ordenar seriamente este crónico exceso de gasto en un país que ha visto dañado su potencial de crecimiento – ¿se acuerda del bloqueo arbitrario de Dominga, por ejemplo? -, se intenta ahora ayudar a su financiamiento por la vía de capturar parcialmente las cotizaciones, que para el 10% de tasa actual generan alrededor de US$ 9.000 millones en el año en nuevos ahorros previsionales. Manotazos de ciegos …

Bienvenida es la PGU – 2.5 millones de beneficiarios a un costo anual de unos US$ 7.400 millones -, siendo una “verdadera transferencia a la vena” a las personas y que no se pierde en el camino, e incluso considerar aumentos en ella bajo un Gobierno Central que vele genuinamente por el buen uso de los recursos, pero a condición de financiarse por la vía de rentas generales, esto es, a partir de esos US$ 70.000 millones que habría recibido el Gobierno Central en 2024 y no por lo tanto desde las cotizaciones – ese atractivo flujo de US$ 9.000 millones anuales que se querría incrementar para reparto y préstamos al estado -.

Lo que irresponsablemente no se internaliza con este impuestazo es que el mercado laboral, que es justamente desde donde se originan las cotizaciones para acumular en los ahorros previsionales, no está funcionando bien: hasta el propio INE reconoce que 2.5 millones de personas de un total de 9.2 millones ocupados operan en el mercado informal, o casi un 30% del total – sin todavía considerar la menor empleabilidad existente en Chile producto de todas las restricciones e inflexibilidades en que opera el mercado laboral – . Un 74% de aumento en el costo laboral: ¿De verdad creen que no va a tener efecto en la cantidad de gente empleada y cotizante? Este efecto es menor cuando el receptor del ahorro forzoso es el propio beneficiario, pero cuando va hacia otros usos, es un impuesto hecho y derecho con todas sus consecuencias negativas. Un mercado correctamente calificado bajo “emergencia laboral” estaría pronto a recibir un espolonazo de verdad …

Y lo que a estas alturas es increíble porque todos lo saben: no se intenta cambiar los parámetros de edad de jubilación, a pesar de la evidente mayor expectativa de vida. A comienzos de los 80´s se operaba bajo un escenario en que la “sobrevida” post jubilación rondaba los 10 años; hoy supera los 20 años. Y, sin embargo, no se corrige un parámetro tan básico, en un verdadero acto de magia infantil que no quiere enfrentar lo obvio.

Lo que sí es rescatable en todo este gris panorama es avanzar en la licitación parcial del stock, respetando la voluntad de los afiliados, pues debería corregir un problema de competencia que los propios afiliados no internalizan al no pagar ellos directamente y de su propio bolsillo mes a mes la cuenta del costo de administración de sus fondos.

En resumidas cuentas, una reforma previsional que fuese positiva para el país consideraría incrementos prudentes en las cotizaciones y exclusivamente para las cuentas individuales, corregiría las edades de jubilación, contemplaría licitaciones de stock de afiliados para incrementar la competencia en su administración y fortalecería el esquema de la PGU en base a rentas generales del estado y, especialmente, corregiría las imperfecciones en el mercado laboral que hoy lo traban. Así, no se pondría en juego ni el principio de capitalización individual ni el de transparencia fiscal, consolidando la PGU con rentas generales para que nadie se quedara atrás.

Demás está decir que en un país que no crece, ”Lagos dixit”, el resto es música. Esos US$ 200.000 millones de ahorros previsionales no pueden, e insistamos, no pueden constituirse en la cuenta de ajuste de una coalición fracasada.

Manuel Cruzat Valdés

16 de enero de 2025